UNAM

miércoles, 8 de febrero de 2012

RVSAC Gestión Social Nacional

VECINOS URGEN DEMOLICIÓN DE GASOLINERÍA TRAS GANAR TODO EL PROCESO JURISDICCIONAL

* Además, ganaron en primera instancia el litigio interpuesto en su contra por presunto daño moral

México, D. F., a 8 de febrero de 2012

Tras ganar todas las instancias en los tribunales y haberse realizado la ratificación de que la gasolinería construida en Insurgentes Sur 4097 no puede ser abierta, los vecinos del Conjunto Residencial Tlalpan II dicen estar “urgidos porque se cumpla la sentencia lo más pronto posible porque, pese a que no debieran ser así las cosas, estamos sujetos a los tiempos y vaivenes políticos”.

El grupo de condóminos insiste en que las autoridades deberán dejar sin efectos la Manifestación de Construcción y, al dictaminar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal que se deben “regresar las cosas al estado en que se encontraban antes del inicio de la ejecución de la estación de servicio de gasolinería”, quiere decir que no debe existir tal estación de servicio, por lo que debe demolerse.

“Recuerden ustedes que estamos próximos a un cambio de administración y que ha sido en las épocas de campaña electoral, cuando todo mundo se encuentra pendiente del sentido de su voto, el momento para que los diputados o gobernantes suplentes den los permisos de obras que no debieron construirse por incumplir con los mínimos requisitos a que se refería la ley”, expresó Javier Méndez Guzmán, vocero del grupo.

Fue precisamente en un intervalo electoral, el de 2009, cuando el entonces Director General de Regulación Ambiental de la SMA, Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, entregó los permisos de impacto ambiental que incumplían los mínimos requisitos para la construcción y en el mismo lapso los funcionarios y el Jefe Delegacional suplente dejado por Guillermo Sánchez Torres en Tlalpan, de nombre José Pérez y Pérez, fueron quienes otorgaron la licencia de construcción cuya negociación había iniciado el político que hoy quiere volver a gobernar Tlalpan, misma que fue ratificada y defendida por Higinio Chávez.

“Nos encontramos en la etapa final y esperaríamos que las autoridades ejecutivas tomen decisiones con voluntad, sin importar el momento político ni el color del gobierno, para hacer cumplir la ley y respetar el Estado de Derecho”, argumentó el abogado Rolando Cañas Moreno, quien ha llevado el caso.

Cañas dijo que en este momento el fondo de la sentencia es inamovible, aunque tampoco descartan actos de dilación para el cumplimiento de la sentencia por parte de la empresa.

Por este motivo, los habitantes del Conjunto Residencial Tlalpan II solicitaron a los medios de comunicación su apoyo para mantener la más amplia difusión del caso y su solicitud para que el Gobierno del Distrito Federal, apegado a los principios de equidad, justicia y democracia que animan al gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón, “lleven a efecto la ejecución de la sentencia que, en estricto sentido jurídico, determina la demolición de la construcción realizada al amparo de autorizaciones declaradas nulas por los órganos jurisdiccionales competentes de manera definitiva y concluyente”.

Asimismo, los condóminos del Conjunto Residencial Tlalpan II dieron a conocer que ganaron en primera instancia la demanda por daño moral que por 46 millones de pesos interpuso en su contra el empresario del Servicio El Tlalpense, con lo que pretendía resarcir los daños económicos causados por la sentencia del Tribunal, luego de haber iniciado una construcción que a todas luces era irregular.

La sentencia del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, bajo el expediente 70/2010, “de todas las prestaciones reclamadas a todos y cada uno de los codemandados”, que en su contra intentó el empresario, “por estimar que las acciones de protesta desplegadas por los integrantes organizados del Conjunto Residencial Tlalpan Dos, para pronunciarse públicamente en contra de la construcción y operación de la gasolinera contigua a dicho condominio habitacional, domiciliada en Avenida Insurgentes Sur 4097; no resultaron constitutivas de ilícitos civiles, ni generadoras de daños morales o de responsabilidad objetiva en contra de Servicio El Tlalpense, S.A. de C.V.


PIES DE FOTO Y ENLACE A FOTOS

1.- Vecinos dicen que ya no hay excusa ni pretexto de ninguna clase, para que se cumpla con la sentencia y ordene la clausura definitiva y demolición de la gasolinera construida en Insurgentes Sur 4097.

2.- Javier Méndez Guzmán solicitaal gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón, lleven a efecto la ejecución de la sentencia que, en estricto sentido jurídico, determina la demolición de la construcción.

3.- Esperaríamos que las autoridades ejecutivas tomen decisiones con voluntad, sin importar el momento político ni el color del gobierno, argumentó el abogado Rolando Cañas Moreno. 

4.- Alfonso Acebal dio a conocer que ganaron en primera instancia la demanda por daño moral que por 46 millones de pesos interpuso en su contra el empresario del Servicio El Tlalpense. 
ALERTAN POR INTENCIONALIDAD CONTRA LA REVISTA LUCES DEL SIGLO


Organizaciones que defienden la libertad de expresión como Fundalex, Casa de los Derechos de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa se solidarizan con la revista y sus directivos

México, D. F., a 8 de febrero de 2012

Dirigentes de las principales organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los periodistas se solidarizaron este medio día con los directivos y trabajadores de la revista Luces del Siglo, editada en Cancún, Quintana Roo, cuyo número 438 fue suplantado por una publicación apócrifa que a decir de las ONG´s, tiene la intencionalidad generarle daño moral para debilitarla y causarle daños mayores.

Norma Madero Jiménez, presidenta de la revista Luces del Siglo destacó los cuantiosos recursos utilizados para generar este acto criminal, ya que además de contar con amplios y suficientes recursos económicos y una estructura organizacional para la confección de una revista apócrifa (…) dispusieron de un contingente inusitado de repartidores y vehículos motorizados, llegando a la desfachatez de uniformar con camisetas alusivas a nuestra revista, al personal que participó en dichas maniobras que requirieron de una planeación y recursos ilícitos sospechosos, pues la distribución de la revista abarcó todo el estado de Quintana Roo”.

Ante el hecho denunciado, Madero Jiménez expresó en la sede del Club de Periodistas de México: “exigimos a las autoridades del Gobierno de Quintana Roo, lo mismo que a las del Gobierno Federal una investigación exhaustiva para castigar a los culpables de un acto de tal gravedad que no puede quedar impune”.

La periodista expresó que no sólo se violentaron derechos humanos como la libertad de expresión, sino que la publicación apócrifa incurre en la violación flagrante de la Ley de Imprenta, Ley de Derechos de Autor, usurpación de bienes materiales, los derechos de propiedad industrial, suplantación de identidad y otros.

José Martínez, representante de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Balbina Flores, corresponsal de Reporteros sin Fronteras; Rogelio Hernández, Coordinador de Protección de la Casa de los Derechos de los Periodistas y Rogaciano Méndez, Secretario del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, coincidieron en que este es un atentado nuevo en su tipo y sutil para atacar a la libertad de expresión.

“Este es uno de los más viles y peores atentados a la libertad de expresión y por ello, la Fundalex exige a los gobiernos de Quintana Roo y federal una investigación profunda y con resultados que lleven a encontrar a los responsables de este acto criminal”, destacó José Martínez.

Balbina Flores demandó que se indague a fondo y con las consecuencias legales que corresponda, “quién y por qué realizó esta suplantación”.

En su momento Rogelio Hernández López hizo énfasis en que se debe “tratar de tener una interpretación sobre este hecho que, debemos destacar, no tiene precedente alguno. Lo que vemos en principio y a reserva de lo que los abogados que están cerca de las organizaciones puedan investigar, aparte de los cuatro o cinco delitos enumerados, lo concreto es la intencionalidad”.

Agregó: “Hay un daño moral específico para la publicación, porque no es la primera agresión que tiene, es con el fin de lastimar su credibilidad que es el principal valor que tenemos los periodistas, para debilitar a la publicación y sus periodistas”.

Por esto, lanzó un llamado de alerta al mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República, “para que investiguen la intencionalidad (porque) están preparando el camino para causarles daños mayores”.

Para Rogaciano Méndez “hay que estar atentos a la finalidad, que es un indicio de carácter político. Hay que estar denunciando al derecho que tiene la sociedad de estar bien informado, además del derecho de los periodistas de informar de manera objetiva”.

Madero Jiménez hizo un llamado a sus lectores y a la opinión pública de que no caigan en un engaño y rechazó de forma categórica la información difundida en la edición apócrifa.



Web de la revista Luces del Siglo: http://www.lucesdelsiglo.net/

Blog: http://revistalucesdelsiglo.blogspot.com/

 

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