Respecto a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH al Gobierno del Estado de Puebla, en torno al caso Chalchihupan, me permito manifestar las siguientes consideraciones:
Desde la aprobación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, los diputados de Movimiento Ciudadano señalamos que el marco normativo tenía disposiciones ambiguas que, como sucedió en su aplicación, resultarían atentatorias contra los derechos de los ciudadanos.
Insistimos también, en que era necesario priorizar el adiestramiento de los cuerpos policíacos; la profesionalización de su trabajo y la capacitación en materia de derechos humanos, así como en su depuración a partir de la transparencia en los exámenes de confianza.
Tras los lamentables acontecimientos del 9 de julio, nuestra postura en la tribuna del Poder Legislativo, fue de enérgico rechazo a los acontecimientos de violencia; nos manifestamos en contra de la represión. Y dijimos: “Sí al diálogo y La Paz. No a la violencia”.
Aún más, en Movimiento Ciudadano establecimos con claridad que “no seriamos cómplices de ningún acto al margen de la legalidad”. La muerte de un ser inocente, no debe quedar impune”, expresamos.
Hoy, ante el resolutivo emitido por el ombudsman nacional, reafirmamos la confianza en nuestras instituciones y nos pronunciamos a favor de que el Gobierno de Puebla cumpla en su totalidad con la recomendación 2VG/2014 y acate sin reserva lo dictaminado.
El desarrollo democrático de nuestra entidad, debe reflejarse en el pleno respeto a la ley por parte de ciudadanos y autoridades. Nos pronunciamos porque en Puebla prevalezca el imperio de la ley, el estado de derecho y el respeto a las instituciones.
Ninguna autoridad puede sustraerse de los legítimos reclamos sociales. Un gobierno que no escucha a su pueblo está condenado a repetir sus errores y desviar su rumbo en sentido contrario al interés de las mayorías.
Las descalificaciones a priori , la intolerancia a la libertad de expresión, la falta de atención a los reclamos sociales o la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones como autoridad, no son propias de gobiernos democráticos.
El caso Chalchihuapan no termina con el dictamen de la CNDH, esperamos del Gobierno del Estado acciones inmediatas al respecto, un cumplimiento a cabalidad del resolutivo y una investigación transparente y responsable que aclare el fallecimiento del menor y determine responsabilidades contra el o los responsables así como resarcir los daños y perjuicios a víctimas y familiares.
Reiteramos, los poblanos rechazamos la violencia, queremos paz social, pero basada en la aplicación estricta de la ley.
Muchas gracias.
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