La inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social
Exhorto a los Poderes de la Unión y unidad a los medios de comunicación independientes
Fernando Sandoval
Analista, Político y electoral
Estamos ante un análisis que deberá tener un sentido autocrítico y de verdaderos valores de progreso, creación de empleos y máxima difusión en todos los principios inalienables de una sociedad mexicana que busca crecer, desarrollarse y producir en estos tiempos modernos.
A estas fechas, pocos medios de comunicación con verdadera vocación al servicio de la libertad de expresión y en la defensa de los derechos humanos universales, aparece una ley que no solo es violatoria al derecho constitucional de creacion de empresas al servicio de la información e imparcialidad absoluta, pero sobre todo al sostenimiento de miles de familias que viven de este proceso y mecanismo empresarial, de grande, mediana y pequeña empresa que no solo genera impuestos a favor del desarrollo de México, sino que también sirve al sostenimiento económico como parte fundamental de la retroalimentación socialmente productiva.
Vergonzosamente, hoy, quienes aprobaron por unanimidad esta ley derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo. 7o. “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”. trasgredan el derecho de muchos.
Todos, absolutamente todos aquellos representantes del pueblo que fueron votados en una elección y en un procesos democráticos, aun con los plurinominales y al libre antojo y conveniencias personales de todos los partidos políticos, han demostrado la falta de tacto para defender los derechos de todos los mexicanos que generan productividad en esta materia.
Aquellos que en el pleno de la Cámara de Diputados, han generado el voto a favor de ir en contra del sostenimiento de miles de empleos en todo el país en materia de Difusión, venta de espacios publicitarios y campañas de información en todos sus contextos y en todos sus haberes, deberán de reconsiderar y de reivindicar el verdadero rumbo para todos y para aquellos que buscan crecer de manera honesta, trabajadora y productiva.
¿Quienes votaron a favor de la Ley General de Comunicación Social?
A estas fechas es urgente generar un revés a la ilegalidad e ilegitimidad de una ley hecha a modo y a favor del poder ejecutivo.
Hay que destacar que “las guerras personales del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a entes de diversos medios y comunicólogos están generando polarización social, inconformidad y desorden social pero también inestabilidad administrativa y política en todos los Estados de la República Mexicana.
No, todos los medios de comunicación se prestan a pretensiones particulares para beneficio de algunos. No todos los medios son iguales, y existen medios de grandes cadenas, de medianas y pequeños que están iniciando, que son locales y que tienen sus principios y máximos ejes rectores que buscan contribuir al engrandecimiento de México, en informar, educar y generar conciencias y cultura con las mejores intenciones.
hay que destacar que este acto de Diciembre 27 de 2022 “se publicó DOF decreto modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Nota N°. 5087 Publica DOF decreto modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas • Entra en vigor mañana miércoles 28 de diciembre • La persona titular del Ejecutivo Federal debe realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes en un plazo no mayor a 180 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto; en el mismo plazo, la Secretaría de Gobernación emitirá los lineamientos a que se refieren los artículos 4, 25, 28 y 37 de la Ley General de Comunicación Social• Los Entes Públicos, en un plazo máximo de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, adecuarán conforme a éste, sus disposiciones legales y reglamentarias• Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto• En caso de inicio de labores o de gestión, los Entes Públicos emitirán su Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social de ese ejercicio fiscal a los tres meses siguientes a que se haya emitido y publicado su Programa de trabajo, o equivalente• En los ordenamientos locales se establecerán las disposiciones transitorias conducentes para el procedimiento referido en el párrafo anterior• Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos Palacio Legislativo, 27-12-2022 (Notilegis).- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó en su edición vespertina de este martes 27 de diciembre el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Y hay que destacar que todos “los Medios de Comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental, en términos de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… El marco jurídico que regula los medios de comunicación en México está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los principales artículos que tienen relación con los medios masivos de comunicación son los artículos 1º, 63, 7, 25, 27, 28, 414 fracción II, 42, 48, 73 y 134”.
Es importante retomar el referencial ARTICLE 19 MX-CA en https://articulo19.org/la-reciente-reforma-a-la-ley-general-de-comunicacion-social-mantiene-las-condiciones-para-censura-sutil-y-falta-de-transparencia/ y es que el 12 de diciembre de 2022 se analizó que “El 7 de diciembre pasado fue aprobada por mayoría de votos en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) cómo parte del paquete de reformas electorales. Sin embargo, las modificaciones a la llamada Ley Chayote no cambian sustancialmente el “estado de cosas inconstitucional” que declaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 y 2021. Por lo que, al día de hoy, está en manos del Senado de la República revertir la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial como medio de censura sutil. La minuta que hoy se encuentra bajo análisis y discusión en el Senado, no cumple con los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial, como es el caso de los Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, no contiene elementos básicos para la regulación de la publicidad oficial.
Por ejemplo, prescinde de principios como el de pluralidad mediática, equidad, no discriminación y rendición de cuentas como directrices para la asignación del gasto de publicidad oficial. Tampoco hay diferencia entre tipos de medios de comunicación (digital, impreso, radio, televisión, concesionarios de uso social, etc) y otros medios de difusión (publicidad exterior, mobiliario urbano, plataformas digitales, motores de búsqueda, etc). Es importante señalar que no considera a las y los concesionarios de uso social comunitario y a los de uso social indígena. Esta reforma reemplaza “sujetos obligados” por “entes públicos” por lo que se corre el riesgo de que las personas físicas y morales de carácter privado que reciban estos recursos públicos, incluyendo prestadores de servicios como las casas productoras, influenciadores, agencias de publicidad, servicios digitales o similares, queden fuera del escrutinio público.
Por otro lado, llama la atención que el artículo 3o. Bis menciona el tipo de información que pueden difundir los entes públicos, señalando lo referente a “la ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales” (f. I), pero no indica que deben informar en términos del impacto que generan dichos programas u obras a la ciudadanía.
En la definición de “publicidad gubernamental” prevista en el artículo 4o, f. VIII Bis, se deja de lado que ésta debe estar financiada con el presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por parte de los entes públicos. Señala expresamente que no se considera este tipo de publicidad “las manifestaciones de las personas servidoras públicas en el ejercicio de su libertad de expresión”. Preocupa que esta definición da pie a que cualquier persona servidora pública -incluyendo el representante del Ejecutivo- pueda promocionar cualquier situación o servidor público en contravención de la propia legislación y de los estándares en la materia.
En ese mismo artículo, el inciso VII señala el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, pero no lo define, ni detalla si incluirá a todos los tipos de medios o continuará siendo exclusivamente un padrón de medios impresos.
Si bien en el artículo 18 Bis de la reforma, se incluyen los criterios de asignación de la publicidad oficial, estos siguen siendo amplios y ambiguos, contraviniendo lo ordenado por la SCJN, la cual, mediante su sentencia de septiembre de 2021, obligó al Poder Legislativo a delinear directrices y procedimientos claros y transparentes. Así, no se establecen los topes de asignación por medio de comunicación, ya sea del total de la partida presupuestal o por campaña de comunicación social. Como hemos documentando las organizaciones firmantes, la hiper-concentración del gasto de comunicación social en unos cuantos medios de comunicación (prácticamente 50% en 10 corporativos) es un patrón que se mantiene.
Por otro lado, incumpliendo el mandato de la SCJN que expresamente prohibía la remisión a otras legislaciones, esta reforma insiste en regular el procedimiento de asignación del gasto con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 19).
Otra falencia está en la omisión de establecer parámetros, órganos y procesos de medición de audiencias, rating, tiraje e impacto; aspecto central para construir las estrategias de comunicación social y para la definición de los medios de comunicación idóneos en el despliegue de los mensajes.
Para las mediciones en cuestión es fundamental contar con órganos técnicos públicos independientes (como por ejemplo, el INEGI) que permitan medir el alcance real de los medios de comunicación. Sin embargo, la reforma en discusión incurre en la misma falta que pretendía enmendar la SCJN, derivando dicho proceso a los “Lineamientos” que cada autoridad apruebe y permitiendo que contraten libremente a entidades que realicen los estudios de impacto.
La práctica nociva de adjudicación directa del gasto de comunicación social permanece (art 18 bis f.V) y se justifica arbitrariamente en la necesidad de emitir “mensajes extraordinarios”, sin definirlo con precisión y claridad en el resto de la normativa (art. 31)”.
Sin embargo, existen falacias y ociosidades en cambiar el nombre de la Secretaría de Gobernación como “Secretaría Administradora” del gasto, por “Unidades Administradoras” por cada uno de los Entes Públicos.
Peor aún, establecer un límite de gasto del Programa Anual de Comunicación Social, que no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 que responde a un presupuesto de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, por lo que el tope sería de 8 mil 299 millones, dejando a todo medio pequeño fuera de este rubro laboral o de prestación de servicios.
El tercero es la prohibición expresa de utilizar las campañas de Comunicación Social como un medio de premio o castigo para la prensa, aunque no establece las condiciones para evitarlo.
Se envía públicamente el presente y por tal motivo, se exhorta, se solicita la impugnación y amparo por los referentes de la Ley General de Comunicación Social que trasgreden los derechos a obtener un recurso digno, necesario en materia de prestación del servicio de difusión a la información a medios independientes,empresariales y pequeños del orden local, responsables y generadores de empleo:
Al presidente de la República,
Cámara de Senadores,
Cámara de Diputados,
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Gobiernos de todos los estados de la Federación.
Gobiernos Municipales
Todos los Medios de Comunicación, impresa, televisiva, radial, internet, hablada y difundida en todos los medios y mecanismos de información previstos en la ley y aquellos no contemplados.
Periodistas
Columnistas
Ensayistas
Redactores
editoriales
analistas
reporteros
fotógrafos
técnicos
lectores
suscriptores
Iniciativa Privada
organizaciones Civiles y políticas
Pueblo de México:
· Generar la manifestación urgente al rechazo de la presente ley por la reducción de presupuesto en todos los ámbitos gubernamentales que sirven para contribuir a la prestación de servicios determinados de cada medio de comunicación en los distintos espacios de la administración Pública.
· Rediseñar el verdadero propósito de una Ley General de Comunicación Social. cada medio tiene su propósito, su objetivo y sus lineamientos universales y generales de la Libertad de Expresión, no solo como entes y figuras constituidas sino como espacios laborales que mantienen seres humanos con conciencia, principios y valores universales basados en los derechos humanos, en la ética y en la moral.
· Exhortar a todos y cada uno de los representantes del soberano pueblo, diputados, senadores y distintos Poderes de la Unión, a que evalúen, modifiquen y generen las condiciones para el sostenimiento equilibrado y razonable de los recursos para propósitos de máxima difusión, certeza e información imparcial de todas y cada una de las actividades de todos y y cada uno de los funcionarios públicos, instituciones gubernamentales y en todos los niveles gubernamentales Federal, Estatales y municipales.
· Que todos los medios se organicen a la misma voz de defender y salvaguardad el derecho al trabajo y que se encuentra plasmado en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, en que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo”, pero jamás ir en contra de un retroceso constitucional al establecido por los constituyentes.
· Generar jurisprudencia ante los actos concebidos y no previstos por la aprobación deliberada de la presente Ley General de Comunicación Social por el simple hecho de coartar el derecho a prestar servicios a los gobiernos estatales y municipales.
· Ejecutar el verdadero plan de seguridad social para periodistas independientes que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó y que a la fecha no existe, porque los medios pequeños, locales e independientes siguen sin protección y al desamparo.
· Incluir en programas asistenciales de vivienda y seguridad social a periodistas independientes y que se encuentran en regímenes como pequeños prestadores de servicios en materia de difusión e información, así como de análisis.
· Crear e incluir seguro de desempleo para pequeños comunicadores ante falta de prestación de servicios en la materia a causa de falta de convenios y prestación de servicios, ya que también somos una fuente de manutención familiar y no estamos contemplados en programas productivos o asistenciales de marginación o desempleo, entre otros.
De no ser así, estaríamos en la incongruencia publicada en la página oficial del gobierno federal https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta-plan-de-seguridad-social-para-periodistas-independientes?idiom=es , ya que, a texto completo sostiene que:
“Se ha tomado la decisión de destinar 25 por ciento del gasto total de publicidad del gobierno para apoyar a periodistas que trabajan por cuenta propia, y garantizarles la seguridad social, la atención médica y otros beneficios de seguridad social, otras prestaciones.”
El coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que hoy inicia el proceso para brindar seguridad social a periodistas que no cuentan con una relación laboral, es decir, que trabajan de manera independiente en una actividad que requiere protección, más allá del esquema voluntario de aseguramiento que cuenta con menores prestaciones.
Añadió que el gobierno federal invierte 760 millones de pesos, correspondientes a 25 por ciento del presupuesto asignado a campañas de difusión, tomando en cuenta que para 2022 es de tres mil 40 millones de pesos. La propuesta fue elaborada por Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Será la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob quien administre el fondo y lo entregue al IMSS.
Informó que existen 41 mil 113 trabajadores que realizan labores periodísticas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (4° trimestre 2022) del Inegi. 87 por ciento son remunerados, es decir, 34 mil 835, y 14.7 por ciento trabaja por su cuenta, o sea, seis mil 028; de ellos, 60.6 por ciento tiene menos de 50 años.
“Es una labor muy importante para nuestra sociedad, para la vida democrática, para conocer temas de relevancia colectiva; a través del periodismo se dan a conocer y se da voz a los ciudadanos.”
Y a la fecha no existe tal beneficio.
Es inadmisible, la falta de respeto a las propias funciones de los legisladores por tratar de normar y regular a los medios de comunicación cuando son entes independientes y fuera de los órdenes de gobierno pero sujetos a condiciones fiscales y como cualquier empresa privada pero sujeta a pretensiones deliberadas de la presente ley emitida por “caprichos del Ejecutivo y revanchismos personales a unos cuantos medios y figuras informativas para pagar la mayoría que comienza en este rubro y se encuentran en la pequeña empresa o regímenes independientes de prestación de servicios de difusión e información en los distintos contextos informativos.
De no ser así se está dejando sin empleo a todos aquellos que se encuentran de manera independiente, como voces, analistas, especialistas, columnistas y periodistas de medios de comunicación independientes, así como organizaciones de la sociedad civil que siempre ha servido y sirvieron a los presentes funcionarios públicos senadores, legisladores y aquellos que en campaña buscaron, usaron, utilizaron, contrataron y aprovecharon para difundir, su trabajo, su imagen y su interés personal para llegar al cargo.
De no manifestarse todos los medios informativos, de no generar estas condiciones, estaremos siendo cómplices de una arbitrariedad, de una violación al derecho laboral, al derecho de constituirse como pequeña empresa, prestador de servicios independiente y el derecho a la libertad de expresión y a la información sin condiciones y sin mordazas.
¡Es ahora! ¡Ya!
Special
The unconstitutionality of the General Law of Social Communication
I call on the powers of the Union and unity for independent media
Fernando Sandoval
Analyst, Political and electoral
We are facing an analysis that must have a self-critical sense and true values of progress, job creation and maximum diffusion in all the inalienable principles of a Mexican society that seeks to grow, develop and produce in these modern times.
At this time, few media with a true vocation at the service of freedom of expression and in the defense of universal human rights, a law appears that not only violates the constitutional right to create companies at the service of information and absolute impartiality, but above all to the support of thousands of families who live from this process and business mechanism, of large, medium and small enterprises that not only generate taxes in favor of Mexico's development, but also serve economic support as a fundamental part of socially productive feedback.
Shamefully, today, those who unanimously approved this law derived from the Political Constitution of the United Mexican States in Article. 7. "The freedom to disseminate opinions, information and ideas through any means is inviolable." They transgress the right of many.
Everyone, absolutely all those representatives of the people who were voted in an election and in a democratic process, even with the plurinominal ones and at the free whim and personal convenience of all political parties, have demonstrated the lack of tact to defend the rights of all Mexicans who generate productivity in this matter.
Those who in the plenary session of the Chamber of Deputies, have generated the vote in favor of going against the maintenance of thousands of jobs throughout the country in terms of dissemination, sale of advertising space and information campaigns in all their contexts and in all their assets, must reconsider and claim the true course for all and for those who seek to grow honestly, hardworking and productive.
Who voted in favor of the General Law of Social Communication?
At this time it is urgent to generate a setback to the illegality and illegitimacy of a law made in the manner and in favor of the executive power.
It should be noted that "the personal wars of the President of the Republic Andrés Manuel López Obrador to entities of various media and communicators are generating social polarization, discontent and social disorder but also administrative and political instability in all the States of the Mexican Republic.
No, all media lend themselves to particular claims for the benefit of some. Not all media are the same, and there are media of large chains, medium and small that are starting, that are local and that have their principles and maximum guiding axes that seek to contribute to the aggrandizement of Mexico, in informing, educating and generating consciences and culture with the best intentions.
It should be noted that this act of December 27, 2022 "DOF decree modifications to the General Law of Social Communication and the General Law of Administrative Responsibilities, Note N°. 5087 DOF publishes decree modifications to the General Law of Social Communication and the General Law of Administrative Responsibilities • Enters into force tomorrow, Wednesday, December 28 • The head of the Federal Executive must make the corresponding regulatory adjustments within a period not exceeding 180 working days from the publication of this decree; within the same period, the Ministry of the Interior shall issue the guidelines referred to in Articles 4, 25, 28 and 37 of the General Law on Social Communication• The Public Entities, within a maximum period of 120 working days following the entry into force of this decree, shall adapt their legal and regulatory provisions in accordance with it• The provisions that oppose this decree are repealed• In case of commencement of work or of management, the Public Entities will issue their Strategy and Annual Program of Social Communication of that fiscal year to the three months following that their Work Program, or equivalent, has been issued and published• In the local regulations, the transitory provisions conducive to the procedure referred to in the previous paragraph will be established• The expenditures generated on the occasion of the entry into force of this decree will be charged to the budgets approved to the executors of responsible expenditure for the current fiscal year, so no additional resources will be authorized for such purposes Legislative Palace, 27-12-2022 (Notilegis).- The Official Gazette of the Federation (DOF) published in its evening edition of this Tuesday, December 27, the decree reforming, adding and repealing various provisions of the General Law of Social Communication and the General Law of Administrative Responsibilities.
And it should be noted that all "the media are guaranteed the full exercise of the development of freedom of expression in the contracting and dissemination of government propaganda, in terms of articles 6 and 7 of the Political Constitution of the United Mexican States ... The legal framework governing the media in Mexico is contained in the Political Constitution of the United Mexican States. The main articles that are related to the mass media are articles 1, 63, 7, 25, 27, 28, 414 section II, 42, 48, 73 and 134.
It is important to return to the reference ARTICLE 19 MX-CA in https://articulo19.org/la-reciente-reforma-a-la-ley-general-de-comunicacion-social-mantiene-las-condiciones-para-censura-sutil-y-falta-de-transparencia/ and that is that on December 12, 2022 it was analyzed that "On December 7, the reform to the General Law of Social Communication was approved by a majority vote in the Chamber of Deputies. (LGCS) as part of the electoral reform package. However, the modifications to the so-called Chayote Law do not substantially change the "unconstitutional state of affairs" declared by the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation in 2017 and 2021. Therefore, to this day, it is in the hands of the Senate of the Republic to reverse the discretion in the allocation of official advertising as a means of subtle censorship. The minute that is currently under analysis and discussion in the Senate, does not meet the highest standards in freedom of expression, access to information and official advertising, as is the case of the Principles on Regulation of Official Advertising and Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights. Likewise, it does not contain basic elements for the regulation of official advertising.
For example, it dispenses with principles such as media plurality, equity, non-discrimination and accountability as guidelines for the allocation of official advertising spending. There is also no difference between types of media (digital, print, radio, television, concessionaires for social use, etc.) and other means of dissemination (outdoor advertising, street furniture, digital platforms, search engines, etc.). It is important to note that it does not consider concessionaires for community social use and those for indigenous social use. This reform replaces "obligated subjects" with "public entities" so there is a risk that private individuals and legal entities that receive these public resources, including service providers such as production houses, influencers, advertising agencies, digital services or similar, are left out of public scrutiny.
On the other hand, it is noteworthy that Article 3. Bis mentions the type of information that public entities can disseminate, pointing out what refers to "the execution of infrastructure works, provision of public services and development of economic and social programs" (f. I), but does not indicate that they must report in terms of the impact generated by such programs or works to citizens.
In the definition of "government advertising" provided for in Article 4, f. VIII Bis, it is set aside that it must be financed with the public budget, labeled specifically for that purpose, by public entities. It expressly states that this type of advertising is not considered "the manifestations of public servants in the exercise of their freedom of expression." It is worrying that this definition gives rise to any public servant – including the representative of the Executive – being able to promote any situation or public servant in contravention of the legislation itself and the standards in the matter.
In that same article, paragraph VII indicates the National Register of Media, but does not define it, nor does it detail whether it will include all types of media or will continue to be exclusively a register of print media.
Although Article 18 Bis of the reform includes the criteria for assigning official advertising, these remain broad and ambiguous, contravening the orders of the SCJN, which, through its September 2021 ruling, forced the Legislative Branch to outline clear and transparent guidelines and procedures. Thus, the allocation ceilings are not established by means of communication, either of the total budget item or by social communication campaign. As the signatory organizations have documented, the hyper-concentration of social media spending in a few media outlets (practically 50% in 10 corporate ones) is a pattern that continues.
On the other hand, in breach of the mandate of the SCJN that expressly prohibited the reference to other legislation, this reform insists on regulating the procedure for allocating expenditure based on the Law on Acquisitions, Leases and Services of the Public Sector (Article 19).
Another shortcoming is in the failure to establish parameters, bodies and processes for measuring audiences, rating, print run and impact; Central aspect to build social communication strategies and for the definition of the appropriate means of communication in the deployment of messages.
For the measurements in question, it is essential to have independent public technical bodies (such as INEGI) that allow measuring the real reach of the media. However, the reform under discussion incurs the same fault that the SCJN intended to amend, deriving this process to the "Guidelines" that each authority approves and allowing them to freely hire entities that carry out impact studies.
The harmful practice of direct allocation of social communication expenditure remains (article 18 bis f.V) and is arbitrarily justified by the need to issue "extraordinary messages", without defining it with precision and clarity in the rest of the regulations (art. 31).
However, there are fallacies and idleness in changing the name of the Ministry of the Interior as "Administrative Secretariat" of expenditure, for "Administrative Units" for each of the Public Entities.
Even worse, establish a spending limit of the Annual Social Communication Program, which should not exceed 0.1 percent of the Expenditure Budget of the Federation for 2023 that responds to a budget of 8 billion 299 thousand 647.8 million pesos, so the ceiling would be 8 thousand 299 million, leaving all small media out of this labor or service provision item.
The third is the express prohibition of using Social Communication campaigns as a means of reward or punishment for the press, although it does not establish the conditions to avoid it.
This is sent publicly and for this reason, it is exhorted, the challenge and protection is requested by the referents of the General Law of Social Communication that transgress the rights to obtain a dignified resource, necessary in terms of providing the service of dissemination of information to independent, business and small media of the local order, Responsible and job creators:
To the President of the Republic,
Chamber of Senators,
Chamber of Deputies,
Supreme Court of Justice of the Nation
Governments of all the states of the Federation.
Municipal Governments
All media, printed, television, radio, internet, spoken and disseminated in all media and information mechanisms provided for by law and those not contemplated.
Journalists
Columnists
Essayists
Editors
Publishing
Analysts
Reporters
Photographers
Technical
readership
Subscribers
Private enterprise
Civil and political organizations
People of Mexico:
· Generate the urgent manifestation to the rejection of this law for the reduction of budget in all governmental areas that serve to contribute to the provision of certain services of each means of communication in the different spaces of the Public Administration.
· Redesign the true purpose of a General Law of Social Communication. each media has its purpose, its objective and its universal and general guidelines of Freedom of Expression, not only as entities and constituted figures but as work spaces that maintain human beings with conscience, principles and universal values based on human rights, ethics and morality.
· To urge each and every one of the representatives of the sovereign people, deputies, senators and different powers of the Union, to evaluate, modify and generate the conditions for the balanced and reasonable maintenance of resources for purposes of maximum dissemination, certainty and impartial information of each and every one of the activities of each and every one of the public officials, governmental institutions and at all levels of government Federal, State and municipal.
· That all media be organized with the same voice to defend and safeguard the right to work and that is embodied in Article 123 of our Magna Carta, in which "Everyone has the right to decent and socially useful work; To this end, the creation of jobs and the social organization of work will be promoted, in accordance with the law. The Congress of the Union, without contravening the following bases, must issue laws on labor," but never go against a constitutional setback to that established by the constituents.
· Generate jurisprudence before the acts conceived and not foreseen by the deliberate approval of this General Law of Social Communication for the simple fact of restricting the right to provide services to state and municipal governments.
· Execute the real social security plan for independent journalists that President Andrés Manuel López Obrador highlighted and that to date does not exist, because small, local and independent media remain unprotected and helpless.
· Include in housing and social security assistance programs independent journalists who are in regimes as small service providers in terms of dissemination and information, as well as analysis.
· Create and include unemployment insurance for small communicators in the absence of provision of services in the matter due to lack of agreements and provision of services, since we are also a source of family support and we are not contemplated in productive or assistance programs of marginalization or unemployment, among others.
Otherwise, we would be in the incongruity published on the official website of the federal government https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta-plan-de-seguridad-social-para-periodistas-independientes?idiom=es, since, in full text it maintains that:
"The decision has been made to allocate 25 percent of the government's total advertising spending to support self-employed journalists, and to guarantee them social security, health care and other social security benefits."
The general coordinator of Social Communication and spokesman for the Presidency, Jesús Ramírez Cuevas, reported that today begins the process to provide social security to journalists who do not have an employment relationship, that is, who work independently in an activity that requires protection, beyond the voluntary insurance scheme that has fewer benefits.
He added that the federal government invests 760 million pesos, corresponding to 25 percent of the budget allocated to dissemination campaigns, taking into account that by 2022 it is three thousand 40 million pesos. The proposal was prepared by the Presidency of the Republic, the Ministry of the Interior (Segob) and the Mexican Institute of Social Security (IMSS). It will be the Undersecretariat of Human Rights, Population and Migration of Segob who will administer the fund and deliver it to the IMSS.
He reported that there are 41,113 workers who perform journalistic work, according to the National Survey of Occupation and Employment (4th quarter 2022) of the Inegi. 87 percent are paid, that is, 34 thousand 835, and 14.7 percent work on their own, that is, six thousand 028; Of those, 60.6 percent are under the age of 50.
"It is a very important task for our society, for democratic life, to know issues of collective relevance; Through journalism, citizens are made known and given a voice."
And to date there is no such benefit.
It is inadmissible, the lack of respect for the very functions of legislators for trying to regulate and regulate the media when they are independent entities and outside the orders of government but subject to fiscal conditions and like any private company but subject to deliberate claims of this law issued by "whims of the Executive and personal revenge to a few media and information figures to pay for the majority that begins in this area and are found in small enterprises or independent regimes for the provision of dissemination and information services in different information contexts.
If this is not the case, all those who are independent, such as voices, analysts, specialists, columnists and journalists from independent media, as well as civil society organizations that have always served and served the present public officials, senators, legislators and those who campaigned are being left unemployed. They used, used, hired and took advantage to disseminate, their work, their image and their personal interest to reach the position.
If all the media do not demonstrate, if these conditions are not generated, we will be complicit in arbitrariness, in a violation of labor law, the right to constitute oneself as a small company, an independent service provider and the right to freedom of expression and information without conditions and without gags.
It's now! Already!
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcs.htm
https://www.google.com/search?q=mordazaley&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdjKPHtvL8AhVvLt4AHQsnANcQ2-cCegQIABAA&oq=mordazaley&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CQgAEIAEEAoQGFDeB1iUFWCPFmgBcAB4AIABvAGIAZ4FkgEDMC41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=UVzZY52gF-_c-LYPi86AuA0&bih=657&biw=1366&rlz=1C5CHFA_enMX906MX907#imgrc=d7iM4TBAPMX23M
https://aceproject.org/main/espanol/me/meb05.htm
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http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/datos/juridico/leyes/LG_COMUNICACION_SOCIAL.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2022/Abril/19/1658-La-Camara-de-Diputados-aprobo-por-unanimidad-reforma-a-Ley-Federal-de-Telecomunicaciones-y-Radiodifusion#:~:text=%2D%20La%20C%C3%A1mara%20de%20Diputados%20aprob%C3%B3%2C%20por%20unanimidad%20de%20481%20votos,y%20recepci%C3%B3n%20de%20ideas%20e
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